Al ministro de Administración Publica, Darío Castillo Lugo, lo corrigieron por ser tan mesurado al hablar de la cantidad de “botellas” que hay en el Gobierno. Resulta que en una de sus primeras entrevistas, al asumir el cargo, dijo que cerca del 40% de los empleados públicos de algunos ministerios cobran sin trabajar. Pero, ya en Palacio Nacional, en una reunión con sus colegas funcionarios, estos le comentaron: “te quedaste corto, son más. Allá en mi institución, son más”.
Este Gobierno se ha embarcado en ejecutar una reestructuración institucional que busca eliminar instituciones duplicadas y, consecuentemente, reducir las nóminas estatales de tal forma que los que no trabajen dejen de cobrar, y los que sí trabajen puedan ser reubicados. El COVID-19, complica la estrategia. “Tirar gente a la calle ahora es una barbaridad, pero lamentablemente el país está en una situación económica crítica…”, agrega el ministro.
La medida, de hecho, pretende ubicar fondos e inyectarlos a la lucha contra la pandemia. Y aunque el presidente Luis Abinader ha prometido que de las instituciones que desaparecerán sacarán fondos para invertirlos en salud antes de diciembre, en la práctica el proceso no parece tan rápido, mucho menos simple.
Solamente conformar una “comisión de liquidación” que se dedicará a diseñar este proceso puede tomar hasta dos meses, es decir, hasta el 31 de octubre. Luego, iniciarán el trabajo con cuatro instituciones que juntas tienen 4,600 empleados: el Consejo Estatal del Azúcar (2,760 empleados), el Despacho de la Primera Dama (1,038), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (649) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (154). También suman todas un presupuesto asignado para este año de 14,944 millones de pesos.
“La idea es que los presupuestos que estaban asignados a esos organismos despacho Primera Dama, OISOE, no vayan al presupuesto del 2121 sino que se eliminen. Pero te digo, es un proceso. Hay que esperar que esas comisiones de liquidación se conformen, para hacer en lo que resta de este año el proceso y arrancar el 2121 ya con ese problema resuelto”, adelanta Castillo. Quedan cuatro meses para lograrlo, cuando ni siquiera la comisión está completa.
Si bien OISOE, CEA, Fonper y Despacho fueron las primeras entidades de la que hablo el presidente que eliminaría o reestructuraría, el Gobierno solo ha oficializado mediante decreto la disolución del Despacho. Las demás instituciones previstas a desaparecer mantienen el ritmo de trabajo de costumbre: mucha gente que entra y sale de oficinas.
Este Gobierno se ha embarcado en ejecutar una reestructuración institucional que busca eliminar instituciones duplicadas y, consecuentemente, reducir las nóminas estatales de tal forma que los que no trabajen dejen de cobrar, y los que sí trabajen puedan ser reubicados. El COVID-19, complica la estrategia. “Tirar gente a la calle ahora es una barbaridad, pero lamentablemente el país está en una situación económica crítica…”, agrega el ministro.
La medida, de hecho, pretende ubicar fondos e inyectarlos a la lucha contra la pandemia. Y aunque el presidente Luis Abinader ha prometido que de las instituciones que desaparecerán sacarán fondos para invertirlos en salud antes de diciembre, en la práctica el proceso no parece tan rápido, mucho menos simple.
Solamente conformar una “comisión de liquidación” que se dedicará a diseñar este proceso puede tomar hasta dos meses, es decir, hasta el 31 de octubre. Luego, iniciarán el trabajo con cuatro instituciones que juntas tienen 4,600 empleados: el Consejo Estatal del Azúcar (2,760 empleados), el Despacho de la Primera Dama (1,038), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (649) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (154). También suman todas un presupuesto asignado para este año de 14,944 millones de pesos.
“La idea es que los presupuestos que estaban asignados a esos organismos despacho Primera Dama, OISOE, no vayan al presupuesto del 2121 sino que se eliminen. Pero te digo, es un proceso. Hay que esperar que esas comisiones de liquidación se conformen, para hacer en lo que resta de este año el proceso y arrancar el 2121 ya con ese problema resuelto”, adelanta Castillo. Quedan cuatro meses para lograrlo, cuando ni siquiera la comisión está completa.
Si bien OISOE, CEA, Fonper y Despacho fueron las primeras entidades de la que hablo el presidente que eliminaría o reestructuraría, el Gobierno solo ha oficializado mediante decreto la disolución del Despacho. Las demás instituciones previstas a desaparecer mantienen el ritmo de trabajo de costumbre: mucha gente que entra y sale de oficinas.
